La Comisión, ejecutivo de la Unión Europea, analizará información enviada por Italia acerca del decreto del 21 de mayo, que declaró el "estado de emergencia" en relación con las comunidades gitanas y confirió "poderes extraordinarios" a los prefectos de Milán, Roma y Napoles, comunicaron hoy fuentes oficiales en Bruselas.
Las autoridades italianas decidieron enviar el 2 de julio, por motus propio según fuentes de Bruselas, los documentos que le atribuyeron el rol de comisarios a las autoridades de Milán, Roma y Napoles, en el marco de la controversia que generó el endurecimiento respecto de ciudadanos extranjeros.
Esta decisión tiene por objetivo que la Comisión de la UE considere las medidas italianas, que generaron revuelo en países como España, en el marco jurídico europeo.
Bruselas pidió luego algunas precisiones respecto de las medidas concretas y las finalidades jurídicas del gobierno italiano, que generaron dudas en cuanto a posibles violaciones de los derechos de los gitanos.
Michele Cercone, portavoz del comisario de la UE de Justicia, Seguridad y Libertad, Jacuqes Barrot, confirmó hoy el envío por parte de Italia de informaciones relacionadas "con el contexto jurídico general del decreto del 21 de mayo".
"La Comisión recibió con satisfacción la iniciativa italiana y toma nota de la voluntad de las autoridades italianas de cooperar con la Comisión de la UE y de comprometerse a actuar en el respeto del sistema jurídico y las directivas comunitarias", dijo Cercone.
